La seguridad ciudadana exige combatir con firmeza al crimen organizado; en eso existe un amplio consenso. Sin embargo, también es necesario preguntarse si todas las medidas adoptadas para endurecer el régimen penitenciario realmente impactan a las organizaciones criminales o, por el contrario, terminan afectando principalmente a la población penitenciaria en general y a sus familias.
Eliminar las pulperías, retirar tomacorrientes, restringir las visitas y limitar las llamadas telefónicas son decisiones que endurecen las condiciones de vida dentro de los centros penales. Pero el verdadero crimen organizado no se sostiene gracias a una pulpería, un tomacorriente o una visita familiar: su fortaleza radica en redes de corrupción, capacidad económica, logística e infiltración, tanto dentro como fuera de los establecimientos penitenciarios.
Mientras una persona privada de libertad que busca reinsertarse pierde contacto con sus hijos, su pareja o sus padres; mientras se dificulta la comunicación con su abogado y se reducen espacios que favorecen la estabilidad emocional, las estructuras criminales continúan buscando mecanismos clandestinos para operar cuando existen funcionarios corruptos e ingreso ilícito de teléfonos, dinero, drogas o armas.
Por ello, la verdadera pregunta no es cuántos derechos se restringen, sino si esas restricciones desarticulan efectivamente a las organizaciones criminales.
Golpear con precisión
La respuesta debería encontrarse en fortalecer la inteligencia penitenciaria, combatir la corrupción, mejorar los controles tecnológicos, identificar los flujos financieros ilícitos y aislar estratégicamente a quienes realmente dirigen las organizaciones delictivas.
Un Estado fuerte no es aquel que endurece indiscriminadamente las condiciones de todos los privados de libertad. Un Estado fuerte es el que golpea con precisión al crimen organizado, respetando al mismo tiempo el Estado de Derecho, la dignidad humana y los derechos fundamentales que nuestra Constitución y los tratados internacionales garantizan incluso a quienes cumplen una condena.
¿La causa o el efecto?
Ningún delincuente nace viejo. Es la inexistencia de políticas públicas (educación, seguridad, fronteras, oportunidades de trabajo, familia, salud) la que ha sido el caldo de cultivo para que nuevas generaciones sean captadas por el crimen organizado ante autoridades e instituciones ausentes. Entonces es obligatorio preguntar: ¿en qué se están invirtiendo el tiempo y el presupuesto, en la causa o en el efecto?
La seguridad y el respeto por los derechos humanos no son conceptos incompatibles; por el contrario, una democracia sólida exige que ambos avancen de la mano.
